La UEJN encabezó un acto de repudio contra el fiscal Bonari y del aumento del 7%. La Corte intentó impedir la concentración en el fuero penal por medio de una intimidacion. Un grupo de infantería vigiló a los manifestantes.
Mañana agitada y tensa se vivió en la Justicia penal y no sólo por los miles de delitos que debe esclarecer sino también por una asamblea que se llevó a cabo a las 10.30 del día de ayer. La manifestación gremial estuvo vigilada por policías que custodiaban el mostrador de la Fiscalía de Instrucción N°2, que se mantuvieron presentes hasta que se disipó dicha congregación. La tensión afloró de la “boca” de la filial local de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que sostiene que el fiscal Claudio Bonari cometió maltratos laborales inaceptables. La protesta tuvo lugar alrededor de las 11 en la sede de avenida Sarmiento y Laprida, pese a que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había notificado a la entidad que estaba prohibido hacer asambleas y reuniones gremiales en el ámbito y durante el horario de trabajo.
Lo que iba a ser un acto de repudio sólo contra Bonari se amplió a la cúpula judicial. “Están pasando cosas gravísimas y los vocales de la Corte, que son señores feudales, no quieren ver la realidad y prefieren silenciarnos”, objetó la secretaria general Alejandra Martínez al grupo de dirigentes con fueros, abogados, familiares de víctimas y periodistas congregados en el patio central. Martínez insistió en que el alto tribunal se comportaba como si estuviese en la dictadura y que las autoridades máximas de la UEJN observaban con estupor la coyuntura institucional de Tucumán.
Los ánimos se caldearon porque, horas antes de la asamblea, Antonio Gandur, presidente de la Corte, exigió a los secretarios y jefes de oficina que comunicaran en forma inmediata el egreso del personal para concurrir a actos de naturaleza política o gremial en el Poder Judicial. “Tampoco se puede admitir situaciones de intimidación o el denominado ‘escrache’ contra magistrados, fiscales, funcionarios o empleados. Por último, se debe tener presente que se cuenta con todas las vías judiciales y administrativas o de superintendencia que correspondan para formular las denuncias contra cualquier acto irregular o ilegal”, expresó el jefe del alto tribunal por medio de una resolución publicitada este miércoles.
Saltar el mostrador
“¡Bonari maltratador! ¡Da la cara o renunciá!”, gritaban los manifestantes. Martínez relató que media docena de empleados habían recibido presiones y amenazas por parte del fiscal y que, incluso, una agente había abandonado la Fiscalía N°2 saltando el mostrador. La secretaria prometió: “vamos a demostrar que el fiscal miente y violenta a su personal”. “Ni trabaja ni deja trabajar. Desconoce por completo el Código Procesal Penal”, despotricó el abogado Sebastián Pumara.
“Estamos aquí porque la Fiscalía no funciona: todo está parado”, agregó el letrado Alejandro Diéguez. La colega Aurora Díaz Argañaraz terció: “el panorama es nefasto. ¿Qué significa que la Policía haya venido a proteger al fiscal? ¿Acaso somos delincuentes?”.
Bonari se puso al frente de la ex Fiscalía de Carlos Albaca -renunció acorralado por las repercusiones del caso “Lebbos”- el 23 de agosto de 2016. Entonces tenía 35 años, y era y sigue siendo el más joven de los integrantes del Ministerio Público. “Todos los que trabajamos en la Fiscalía nos esforzamos al máximo. Nos pagan para trabajar y eso hacemos todo el tiempo”, advirtió Bonari en diálogo con LA GACETA. “Tuvimos un problema con una empleada que se negaba a cumplir y que usaba el horario de trabajo para hacer otras cosas. Estuvo un mes y lo único que causó fue problemas. Entonces la puse a disposición del ministro fiscal (Edmundo Jiménez) y la trasladaron a otra dependencia”, agregó. El fiscal observó: “no sé si hay una intencionalidad política en esta movida gremial. Dicen cosas incoherentes y rechazo todas las acusaciones. Aquí los que trabajen, tal como lo exige la sociedad, van a andar bien. Los que no, tendrán que buscar otro lugar”.
