El juez Torres analizará si hubo intención del Gobierno de favorecer a Avianca, la ex empresa de los Macri.
El Gobierno envió a Comodoro Py una serie de documentos que fueron requeridos por el juez federal Sergio Torres. El magistrado le había ordenado al Poder Ejecutivo que detalle las medidas tomadas «para garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio», a raíz del plan que Cambiemos bautizó como «la revolución de los aviones».
Los oficios enviados por Torres requerían «informes pormenorizados» con las gestiones para afrontar la incorporación de nuevos actores en el mercado aéreo, según publicó el diario La Nación.
Por lo tanto, los organismos oficiales presentaron sus escritos a la Justicia entre diciembre y los primeros días de febrero. Desde la ANAC le explicaron al juez que se «realiza una vigilancia permanente de la seguridad operacional mediante auditorías a los proveedores aéreos». La entidad aseguró en su escrito que «todos los candidatos a explotar servicios cumplen la regulación vigente y demostraron los estándares establecidos».
El Orsna, el ente que controla los aeropuertos, le manifestó a la Justicia que analiza «planes maestros» tendientes a armonizar la infraestructura aeroportuaria con la demanda del tráfico aéreo.
Por su parte, la EANA, que monitorea «situaciones críticas» y trabaja sobre el diseño de las rutas aéreas, advirtió que para que las nuevas empresas salgan a la pista «se requieren cuestiones técnicas y operativas». «En muchos casos el uso de rutas no resulta viable por limitaciones de equipos, tripulaciones y performance de navegación», advirtió EANA. Y agregó: «Antes del uso de las rutas deben considerarse las capacidades de las pistas y los espacios aéreos».
El Ministerio de Transporte remitió una escrito de su titular, Guillermo Dietrich. La cartera asegura que busca duplicar la cantidad de pasajeros e implementar «un plan por $24.000 millones para nueva infraestructura y tecnología».
Ahora, el juez analizará los informes oficiales mientras impulsa otras medidas para investigar el núcleo del caso, es decir, si hubo intención del Gobierno de favorecer a la ex empresa de los Macri. En el expediente están imputados el Presidente, Quintana, Dietrich y otros funcionarios y empresarios que participaron de las gestiones.
Además de investigar los casos de Avianca y de Flybondi, Torres y el fiscal federal Jorge Di Lello investigan las contrataciones de empresas privadas para los viajes presidenciales y ya tienen en su poder el listado de todos los viajes que hizo Macri. También la asignación de hangares en Aeroparque y la compra del nuevo Tango 01.
Fuente: https://www.minutouno.com/notas/3062197-la-justicia-pidio-datos-al-gobierno-la-seguridad-las-low-cost
