La Justicia frente a los servicios de inteligencia.Alfredo Sábat
Desde el 30 de diciembre último, el servicio de inteligencia del Estado está en condiciones de detener a cualquier ciudadano argentino sin autorización judicial. Y lo seguirá estando si las dos cámaras del Congreso no rechazan ese decreto de necesidad y urgencia, firmado por Javier Milei el 30 de diciembre pasado (y publicado en el Boletín Oficial recién el 2 de enero), veinticuatro horas antes de que el Parlamento argentino entrara en receso por las vacaciones del verano.
“Cuando el Gobierno firma esa clase de decisiones horas antes de que comience enero, o cuando la Justicia dicta resoluciones en tales días, es porque quiere esconder algo”, concluyó ayer un juez que prefirió trabajar en enero. Como suele suceder en política, los arbitrariedades que se cometen cuando se está en el poder terminan afectando luego a los oportunistas que cometieron aquellos excesos. Fue la entonces senadora Cristina Kirchner quien redactó la ley reglamentaria del artículo de la Constitución, incluido en la reforma de 1994, que autoriza al Poder Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia en condiciones muy excepcionales. Su marido, Néstor Kirchner, era presidente, pero esa abusiva ley beneficia ahora a Milei, a quien ella considera se principal enemigo político.
