La misma sostiene que desde el 30 de agosto de este año, la acusada se contactó vía WhatsApp con ocho personas (cinco mujeres y tres hombres) simulando trabajar para un partido político provincial. Aprovechándose de su vulnerabilidad y sus necesidades económicas, les ofreció un plan económico para comprar mercadería por $ 314.000, un inmueble para microemprendimientos, un bolsón de mercaderías, un puesto en una cooperativa laboral, y un nombramiento en el sistema educativo y en el SIPROSA. Logró, con su accionar y bajo los engaños desplegados, que estas personas le transfirieran $ 272.500, $ 207.000, $ 211.000, $ 1.054.500, $ 108.500, $ 76.500 y $ 105.500, sin que la acusada cumpliera con las promesas realizadas, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a las víctimas.
Luego de exponer las evidencias reunidas hasta el momento, la representante del MPF solicitó que se dicten medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de seis meses. “Tenemos conocimiento de más denuncias que se están iniciando, por lo que entiendo que el número de víctimas se va a ampliar en el transcurso de los días”. En ese sentido, Rafael aclaró que “estas medidas son revisables por parte del Ministerio Fiscal, en el caso de que surgiesen riesgos procesales o una situación jurídica que se vea acrecentada y que modifique la plataforma fáctica hoy enrostrada a la imputada”. Asimismo, la funcionaria judicial precisó que “aún restan muchísimas medidas que estamos llevando a cabo para ahondar en la investigación”.
Al finalizar la audiencia, el juez resolvió hacer lugar a todo lo requerido por la Fiscalía.
