El juez, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, a cargo del caso, resolvió además la reparación económica para las víctimas, consistente en la suma de un millón doscientos mil pesos para cada una de ellas.

Desde que se realizó la medida de allanamiento en el año 2017 en un inmueble ubicado en calle Celedonio Gutiérrez 170, hasta el momento del juicio, el equipo técnico del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, participó activamente del proceso brindando asistencia integral y protección a las víctimas, garantizándoles los derechos plasmados en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas.

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Condena por trata de personas.

A partir del acuerdo de juicio abreviado suscripto por la auxiliar fiscal, los imputados y su defensa, se comprobó que los ahora condenados tenían a cargo la administración y el regenteo del trabajo sexual de al menos dos víctimas, previamente captadas para ese fin, y que obtenían un beneficio económico ilegitimo de dicha actividad, todo esto, valiéndose de la situación de vulnerabilidad de las damnificadas.

Con la firma del acuerdo se puso fin al proceso judicial penal y se reconoció la existencia del delito y el carácter de víctimas de las jóvenes, quienes participaron activamente en todo el proceso judicial, siendo escuchadas e informadas respecto de todo lo relacionado al mismo.

Asimismo, durante la audiencia se declaró que los hechos delictivos constituyen formas de discriminación y violencia contra las mujeres conforme las normas Internacionales aplicables a la materia.

FUENTE: Comunicación Tucumán

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