La legisladora Raquel Nievas presentó un proyecto de ley que busca suspender por 180 días los aumentos y actualizaciones tarifarias aplicados al servicio eléctrico de EDET en Tucumán, además de impedir que la empresa corte el suministro a usuarios residenciales, comercios y pequeñas empresas por falta de pago durante ese mismo plazo.
La iniciativa pone el foco en la Resolución ERSEPT N° 596/26, mediante la cual se dispusieron actualizaciones en el cuadro tarifario. El texto plantea volver, de manera transitoria, a los valores que estaban vigentes antes de esa resolución.
La propuesta admite únicamente las modificaciones que surjan de variaciones en los costos de generación y transporte de la energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Sin embargo, fija una condición: esas actualizaciones no podrán representar un incremento en la tarifa final que llegue a las boletas de los usuarios.
El proyecto intenta responder a uno de los principales temores de quienes no pueden afrontar las facturas: que una suspensión temporal termine transformándose después en una deuda acumulada. Por eso, establece expresamente que EDET no podrá trasladar a facturaciones futuras las diferencias correspondientes al período alcanzado por la medida.
De aprobarse la ley, la empresa no podría aplicar ajustes, recuperos, compensaciones, recargos ni conceptos similares para cobrar más adelante el dinero que dejaría de percibir por la vuelta al cuadro tarifario anterior. Es decir, la suspensión no funcionaría como una simple postergación del pago para los usuarios.
La iniciativa también contempla la prohibición de cortar, interrumpir o dar de baja el suministro eléctrico por falta de pago durante 180 días. La protección alcanzaría a hogares, comercios y usuarios de pequeñas y medianas demandas incluidos en la normativa.
En ese lapso, EDET tampoco podría iniciar procedimientos destinados a suspender el servicio cuando el único motivo sea la falta de pago de facturas comprendidas dentro del período de suspensión. La medida no elimina la obligación de pago ni extingue deudas anteriores, pero procura garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial mientras se aplica el régimen especial.
Para los usuarios que mantengan saldos pendientes de antes de la eventual entrada en vigencia de la ley, el proyecto crea un mecanismo de regularización. EDET debería ofrecer planes de pago de hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses moratorios, punitorios, recargos ni costos financieros.
La iniciativa incorpora además un capítulo referido a los cargos municipales que integran las boletas eléctricas. Allí se plantea la necesidad de reducir o eliminar el cobro de la tasa de alumbrado público, uno de los conceptos que incrementa el importe final que afrontan hogares y comercios.
En los fundamentos, Nievas sostiene que la electricidad no es un consumo prescindible, sino un servicio indispensable para la vida diaria, la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de emprendimientos, la educación, la salud y la actividad de instituciones públicas y privadas.
El texto advierte que las decisiones tarifarias no pueden evaluarse sólo desde los costos técnicos del sistema eléctrico. También deben contemplar la capacidad efectiva de pago de los usuarios, en especial en un contexto en el que familias, comercios y pequeñas empresas enfrentan mayores dificultades para sostener sus gastos mensuales.
El proyecto deja en manos del ERSEPT la aplicación y control de la eventual norma. El ente regulador deberá supervisar que EDET respete la suspensión tarifaria, que no facture diferencias retroactivas y que cumpla con la prohibición de cortes.
Además, el organismo tendría que publicar informes mensuales con información sobre la cantidad de usuarios alcanzados por la medida, los planes de pago otorgados, los cortes que fueron evitados, los reclamos presentados y las sanciones aplicadas a la empresa ante posibles incumplimientos.
La propuesta deberá ser analizada en comisiones y luego llegar al recinto para su eventual aprobación.
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